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AMÉRICA LATINA / EL CARIBE
Urge acuerdo vinculante de protección a defensores ambientales
Noticias Aliadas
17/01/2018
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Defensa de la tierra y el medio ambiente cobra las vidas de cientos de personas cada año en la región.

El 2017 cerró en el Perú con la muerte de José Napoleón Tarrillo, asesinado el 30 de diciembre en el caserío El Mirador, en el norteño departamento de Lambayeque, donde se desarrolla un conflicto en torno a la defensa de la reserva ecológica de Chaparrí contra traficantes de terrenos que han invadido esa área protegida, talando el bosque y reemplazándolo por cultivos agrícolas.

De acuerdo con información de la organización no gubernamental CooperAcción, Tarrillo era un líder ambientalista y se desempeñaba como teniente gobernador de El Mirador, quien defendía las tierras de Chaparrí que habían sido ocupadas por mafias que lo habían amenazado de muerte. Ana Juárez, bióloga que trabaja en la zona, afirmó al diario británico The Guardian que los criminales son conocidos por la comunidad y son los mismos que en el 2016 asesinaron a tres personas en represalia por el desalojo de traficantes de tierras en la vecina comunidad de San Francisco de Salas.

“Este trágico caso es, lamentablemente, un nuevo ejemplo de que el Perú es uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales”, indicó CooperAcción en un comunicado. “En setiembre del 2017, seis líderes shipibos fueron asesinados en Ucayali en el marco de un conflicto por tráfico de tierras, tala ilegal e imposición de monocultivos. Tres años antes, cuatro personas fueron asesinadas en la comunidad de Saweto [Ucayali] por su resistencia a la tala ilegal”.

Según Global Witness, organización dedicada a la protección de defensores del ambiente y la tierra, “nunca fue más letal tomar una posición contra las empresas que roban tierras y destruyen el medio ambiente. Casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana en el 2016 por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias como la minería, la tala y la agroindustria”, señala el informe titulado “Defender la Tierra”, publicado 13 de julio.

Al menos 200 personas fueron asesinadas en todo el mundo en el 2016 por proteger sus tierras, bosques y ríos, 122 en América Latina. Brasil encabeza la lista con 49 víctimas, seguido por Colombia (37), Honduras (14), Nicaragua (11), Guatemala (6), México (3) y Perú (2). Los asesinatos representan el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros y ataques legales agresivos, señala Global Witness.

En un informe divulgado el 1 de febrero del 2017, Global Witness calificó a Honduras como el país más peligroso para el activismo ambiental. La organización señaló que 123 personas que se opusieron a las hidroeléctricas, minas, tala o agricultura en sus tierras fueron sido asesinadas entre el 2010 y el 2016 por fuerzas del Estado, agentes de seguridad o sicarios. Igualmente, indica que decenas de activistas han sido amenazados, atacados o encarcelados. Las principales víctimas pertenecen a grupos indígenas y comunidades rurales cuyos casos quedan en su mayoría sin resolver, señala el informe. La investigación muestra que el sistema judicial, el Ejército y la Policía apoyan los intereses de las empresas, y si bien el gobierno “tiene el poder y los recursos para proteger a los activistas, en la práctica la falta de voluntad política, corrupción endémica e influencia excesiva de las élites consiguen que no se proporcione dicha protección”.

Acuerdo vinculante
En un intento por detener la violencia contra defensores del ambiente y la tierra, representantes de América Latina y el Caribe reunidos durante la octava ronda de negociaciones para alcanzar un tratado regional en asuntos ambientales, realizada en Santiago de Chile del 27 de noviembre al 1 de diciembre del 2017, bajo el auspicio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), acordaron consagrar la protección de las personas que luchan por la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales en el acuerdo sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (conocido como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo).

“Las negociaciones buscan aplicar el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, por el que los Estados de todo el mundo se comprometieron a promover el acceso a la información sobre el medio ambiente, fomentar la participación en los procesos de toma de decisiones que le afectan, y facilitar el acceso a la justicia en materia de medio ambiente”, dice un comunicado de Naciones Unidas.

El artículo 9 de la octava versión del texto establece que “cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

Asimismo, indica que “cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y de expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer sus derechos de acceso”.

Finalmente, determina que “cada parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contenidos en el presente acuerdo”.

Diez expertos de las Naciones Unidas instaron a los gobiernos latinoamericanos y caribeños a adoptar un acuerdo vinculante sobre derechos ambientales.

“Es crucial que los gobiernos de la región actúen en solidaridad y acepten normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente”, manifestaron los expertos. “La adopción del nuevo tratado ambiental propuesto sería un hito importante para la región. Sería una expresión tangible de la solidaridad y reconocimiento del compromiso de los Estados con respecto a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente”.

El acuerdo debe incorporar en las evaluaciones de impacto ambiental no sólo los impactos potenciales sobre la salud de las personas, sino también otros impactos sociales, incluyendo aquellos sobre los derechos a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, al agua potable y al saneamiento, precisaron los expertos.

“Espero que el tratado contribuya a fortalecer el derecho a la información, a la participación y el acceso a la justicia en relación con grandes proyectos energéticos, de infraestructura y de la industria extractiva en la región, financiados por instituciones financieras privadas, bilaterales o multilaterales”, señaló Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente sobre deuda externa y derecho humanos.

John H. Knox, relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, reiteró que “para proteger el medio ambiente debemos proteger los derechos humanos de las personas que trabajan en defensa del medio ambiente. Este acuerdo sería un salto adelante en este esfuerzo crucial”.

Al término del encuentro, los participantes acordaron continuar con la discusión de los artículos aún pendientes del documento legal durante novena reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe se llevará a cabo en San José, Costa Rica, del 28 de febrero al 4 de marzo. —Comunicaciones Aliadas.


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Líder ambientalista peruano José Napoleón Tarrillo fue asesinado en diciembre. / Facebook
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